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16 de septiembre de 1852:
Se establece la ley de Pavón para la educación

Artículo 2 del Concordato de 1854 en que se otorgaba la educación a la Iglesia Católica
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 Las ideas educativas de Manuel Francisco Pavón y Aycinena entregaron la educación en Guatemala a la tutela de la Iglesia Católica por medio de la "Ley de Pavón", que se promulgó el 16 de septiembre de 1852. De acuerdo a los liberales, -anticlericales por excelencia-, este instrumetno legal significó un retroceso en la educación guatemalteca ya que otros pueblos seguían las ideas de la Ilustración que se inició a finales del siglo XVIII. La ley no indicaba de manera precisa el sistema gradual de la enseñanza primaria, y pretendía que el poder era de origen divino y por ello los niños debían absoluto respeto a sus superiores, y no contenía los principios necesarios para aprender de ciencias naturales ni sociales. Además no enseñaba Economía, Historia ni Geografía y no contemplaba una educación gratuita, obligatoria ni laica; era pues, un retorno a la educación contemplada en las antiguas leyes de España en cuestiones de Instrucción Pública.

Claro está, esta educación fue cambiando con los tiempos, al punto que para 1870, ya se enseñaba historia natural y matemática en el Colegio y Seminario Tridentino a cargo de los jesuitas.
Debido a que el gobierno de Rafael Cararera era uno de los últimos bastiones de la religión católica en América Latina en el siglo XIX, la Ley de Pavón enfatizaba que el fundamento de una sólida enseñanza consistía en el aprendizaje de la doctrina de la religión y la moral inculcándole a la juventud desde sus primeros años, así como inculcar el respeto que deben observar para con sus mayores, a los funcionarios y a las autoridades. La ley fue revisada por el Consejo de Ministros y aprobada por el arzobispo metropolitano.

La ley establecía en cada parroquia por lo menos dos escuelas de primeras letras, una para niños y otra para niñas, tenían el nombre de la parroquia que las albergaba y eran inspeccionadas por una comisión compuesta del cura párroco, de una persona nombrada por el Ayuntamiento y un vecino del lugar electo por el cura párroco y por el miembro nombrado por el Ayuntamiento. La comisión era la encargada de nombrar a los maestros quienes debían luego ser aprobados por el gobierno, previo consentimiento del corregidor, de la dirección de las escuelas y de la administración de fondos; también le correspondía a la comisión vigilar el buen funcionamiento de las escuelas.

La ley especificaba que los maestros debían ser ejemplo para los alumnos y recomendaba que los escogidos fueron de reconocida religiosidad, buenas costumbres, instrucción suficiente, carécter moderado y trato cortés; y por otro lado, no especificaba el nivel de preparación pedagógica que debían tener los maestros. Es más, la Ley de Pavón no contempló la formación de maestros en ningún tipo de escuela específica para su preparación lo que generó un estancamiento educativo que solamente los autodidactas lograron traspasar con éxito.

La ley contemplaba un sistema de celadores que controlaba la disciplina, la asistencia y las cuestiones de salud; en caso de inasistencia, los celadores averiguaban la razón de la misma e incluso visitaban la residencia de los niños para informase mejor al respecto. Estos celadores aseguraban la regularidad de los cursos y ayudaban a mantener la disciplina, la puntualidad y la salud de las escuelas, manteniendo a la vez un lazo de unión entre las familias y las escuelas. En cuento a los fondos, estos provenían del corregidor departamental, de las municipalidades y de un impuesto mensual que recibía la comisión de cada parroquia de los vecinos pudientes; estos fondos no eran fijos y dejaban a las escuelas en precarias condiciones económicas.

Los efectos de la ley fueron beneficiosos para el gobierno conservador, pues alcanzó un efectivo adoctrinamiento que prácticamente cayó en un fanatismo católico que obstaculizó el desarrollo de nuevas ideas.

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