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2 de julio de 1884
El gobierno de Barrios prepara un nuevo concordato con la Santa Sede

Vista panorámica de la Ciudad de Guatemala en la década de 1880.
Grabado del libro Guatemala, the land of quetzal de William T. Brigham, publicado en 1887
Imagen tomada de Wikimedia Commons
Para 1884, las relaciones entre el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios y la Santa Sede eran mucho más cordiales que cuando Barrios expulsó a las órdenes eclesiásticas.  Si bien nunca se retornó a la situación vivida durante el gobierno conservador de los treinta años, si existió un acercamiento a la religión católica, por intermedio de Angel María Arroyo, un ex sacerdote que se había convertido en asesor y amigo íntimo del presidente Barrios.
Tras la derogación del Concordato de 1852, que otrogaba indulgencias a los militares guatemaltecos que defendieran a la Iglesia Católica a cambio de que la educación del país estuviera a cargo de los religiosos y de que éstos gozaran de un fuero especial, la Iglesia no tuvo injerenia en los asuntos del Estado.  El único plantel religioso que permaneció fue el Colegio de San José de los Infantes, y esto porque estaba a cargo de los jerarcas del clero secular en la Catedral Metropolitana, y con grandes esfuerzos por no contar con apoyo del gobierno.

Para 1884, el gobierno de Barrios se estaba preparando para la ofensiva final que conseguiría la Unión Centroamericana por la fuerza.  Ya había conseguido que México no interviniera tras firmar el tratado Herrera-Mariscal por medio del que Guatemala renunció a sus reclamos sobre el área de Soconusco en Chiapas, y ya había cambiado a varios presidentes en Honduras -entre ellos a quien fuera su ministro de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública, Marco Aurelio Soto-.  Era pues el momento de establecer una alianza con la Santa Sede para el momento en que Guatemala estuviera nuevamente en control de los destinos de Centroamérica.

El padre Arroyo, como le decían al ex sacerdote convertido en ministro, viajó a la Santa Sede para encargarse de la redacción del documento del nuevo Concordato, el cual estuvo listo el 2 de julio de 1884.  El gobierno de Guatemala lo envió entonces a la Asamblea Nacional Legislativa para que lo revisara y aprobara, pero las sesiones ordinarias de dicho ente concluyeron antes de que hubiera tiempo en la agenda para revisar el nuevo Concordato.

Y ya no habría tiempo para hacerlo: con la campaña de unificación iniciando, los esfuerzos del gobierno se centraron en preparase para las batallas que se avecinaban.  Y todo quedó truncado cuando Barrios murió el 2 de abril de 1885 en Chalchuapa, apenas unos días después de haber iniciado su malograda campaña.
Su sucesor, el general Manuel Lisandro Barillas era un parterista de línea dura, y no permitió que la Asamblea analizara el nuevo Concordato y mucho menos que lo aprobara.  El documento, pues, quedó en el tintero y las relaciones entre el gobierno de Guatemala y la Iglesia Católica terminaron de resquebrajarse:  en 1887, enterado de que el arzobispo guatemalteco Ricardo Casanova y Estrada estaba distribuyendo bulas papales entre los documentos de la arquidiócesis, Barillas lo expulsó del territorio guatemalteco. 

El arzobispo retornó al país hasta en 1897, cuando el nuevo presidente, el general José María Reyna Barrios (un masón de alto grado) le permitió el retorno cuando Casanova y Estrada alabó la realización de la Exposición Centroamericana de ese año.  Pero con el arzobispo no retornó el poder político de la Iglesia;  esto no retornó  Guatemala sino hasta en 1954, cuando tras una activa participación en el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, el entones arzobispo, Mariano Rossell y Arellano consiguió que se protegiera la educación religiosa, que se le permitiera a la Iglesia tener propiedades y que retornaran las órdenes regulares.